La propuesta HB 1202, de la republicana Debbie Riddle

La propuesta HB 1202, de la republicana Debbie Riddle
En algunos estados de USA, se pretendería penalizar la contratación de mano de obra inmigrante, tal como refiere la propuesta HB 1202, de la republicana Debbie Riddle
Una legisladora de Texas, en el sur de Estados Unidos, propuso al Congreso local una iniciativa para castigar con cárcel a quienes contraten inmigrantes indocumentados conociendo su estatus legal, reportó la agencia Notimex.

La propuesta HB 1202, de la republicana Debbie Riddle, plantea que quienes den trabajo a inmigrantes indocumentados de forma “intencional, a sabiendas o por imprudencia” reciban una pena de hasta 2 años de prisión y 10,000 dólares de multa, según Notimex.

El único caso en el quienes contraten evitarían el castigo sería si ofrecen a los inmigrantes indocumentados trabajos considerados de segunda, es decir, con bajos salarios y realizados principalmente en casas, como niñeras, sirvientes o jardineros, indicó Notimex.

La propuesta es presentada unos días después de que la Cámara Baja de Georgia aprobara una medida similar, que obliga a los empleadores a verificar el estatus legal de sus posibles trabajadores. La iniciativa fue enviada al Senado estatal.

Laura Murillo, presidenta de la Cámara de Comercio Hispana de Houston, en Texas, dijo a Notimex que “la HB 1202 ha creado realmente un escándalo en nuestra comunidad”, pues resulta “inhumana” y “discriminatoria”.

Riddle, en tanto, sostiene que su intención es “inyectar sentido común en el gobierno”. La razón para exceptuar de la norma a quienes den trabajo en sus casas a inmigrantes indocumentados es que estas personas no tienen acceso a los sistemas de verificación con los que sí cuentan las empresas, afirmó la legisladora, de acuerdo con Notimex.

Desde el año pasado, Estados Unidos vive una nueva ola contra la inmigración ilegal, que tuvo entre sus principales representantes al gobierno de Arizona.

Arizona y Texas son dos estados fronterizos con México y, por tanto, constantes receptores de migrantes indocumentados. Ambos son gobernados por republicanos que exigen a la Casa Blanca tomar las medidas necesarias para fortalecer la seguridad en la frontera.

El gobierno de Arizona, encabezado por Jan Brewer, sostiene una batalla legal contra Barack Obama, quien se opone a una ley estatal de inmigración impulsada por la gobernadora, criticada por organizaciones civiles y bloqueada en algunas partes por una jueza federal. Es posible que el caso llegue a la Suprema Corte.

Mientras, en Washington, la capital estadounidense, cientos de personas protestaron frente a las oficinas de la Corporación de Correcciones de América por “lucrar con el disfuncional sistema migratorio”, reportó Notimex.

La empresa, que controla varios centros de detención en el país, supuestamente apoya reformas que criminalizan a los migrantes porque recibe más recursos conforme más personas son capturadas, según versiones periodísticas.

En Chicago, Illinois, otra ciudad con alto porcentaje de población migrantes, jóvenes hispanos convocaron a la marcha Movilización por la justicia más allá de las fronteras para el próximo 10 de marzo, indicó Notimex.





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